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Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales

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Fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre del 2008. Es un recurso para protección de aquellos de derechos subjetivos que comprenden por la realización del ser humano en condiciones de dignidad, a través de la satisfacción de aspectos que salvaguarden la economía, autonomía, identidad y los ámbitos de de existencia, favoreciendo a la reducción de las brechas de desigualdad en la sociedad. Estos mismos derechos convierten al Estado en una instancia positiva, encargada de satisfacer las demandas de bienestar y dignidad humana. Este protocolo contempla tres sistemas o procedimientos de protección:  Las comunicaciones entre Estados:  Es el acuerdo del cual forman parte los Estados inmiscuidos en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. Las comunicaciones individuales o grupales Es la comunicación entre individuos, grupos de comunidades y la sociedad en general. Procedimiento de investigación: Con las observaciones presentadas por el Estad

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

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Su importancia radica, en que es un tratado que reconoce a los Derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo mecanismos para su garantía y protección, se los considera derechos de igualdad material, a través de los cuales se estima alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de una vida digna. Ver video del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURAES, clic aquí El pacto contiene un preámbulo, cinco partes que contienen 31 artículos, fue aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de la ONU, conjuntamente con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre del 2008, para ofrecer a las víctimas, un recurso que les permita acceder a una solución en el ámbito internacional contra violaciones de dichos derechos.